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Opinión: "Políticas de seguridad para todos"

inseguridadEn 1982, dos académicos norteamericanos, James Wilson y George Kelling, aportaron una nueva teoría al combate del crimen hoy llamada “teoría de los vidrios rotos” la misma sostiene que ahí donde se permiten la comisión delitos menores sin su correspondiente penalización se crea un ambiente que fomenta la comisión de delitos de mayor gravedad.

Para graficarla esta teoría imaginemos un edificio o casa con unas cuantas ventanas rotas, si no las reparamos será mucho más probable que los vándalos se animen a romper algunas ventanas más, no pasara mucho tiempo para que entren en el edificio y se conviertan en usurpadores para preocupación de sus nuevos vecinos.

La ida central de esta teoría es que crimen va sondeando hasta donde puede empujar, y que se anima a más, cuanto más ve que no hay castigos.

El verdadero motor de las crisis de inseguridad, “es el desorden en sí”, es por ello que a la delincuencia y a los delincuentes hay que combatirla con la misma severidad tanto cuando es menor como cuando es mayor, Los delitos menores son precursores, y antecedentes de los mayores.

Se debe terminar con la justificación social de que es “solo” el robo de un celular, o una bicicleta, un par de zapatillas, o el picaporte de bronce de la casa que se puede vender a buen precio, seamos claros todos estos casos son delitos o de hurto o robo.

Es posible que una de las cosas que más le esté faltando a nuestro sistema de lucha contra el crimen sea aplicar una política de este estilo en forma perseverante y en pleno respeto a los derechos civiles y humanos.

Hoy por hoy es clara la percepción que nuestra policía, fuerzas de seguridad y justicia no tienen un camino apropiado para lidiar con los delitos “menores” y sus perpetradores, y fue precisamente en este contexto que aplicó William Bratton, jefe de policía que contrató Rudolf Giuliani en Nueva York esta teoría de los vidrios rotos allá por los años 90 cuando parecía que el crimen en todas sus formas no encontraba limite en dicha metrópolis, persiguiendo a quienes cometían faltas menores como no pagar el ticket del metro; romper propiedad pública o privada, orinar en espacios públicos o “decorar” con graffitti en la vía pública o los frentes de los vecinos; demás está decir que su aplicación funciono.

Hoy en Argentina, las penas efectivas de cárcel son solo obligatorias para los casos de delitos que tienen una escala mínima de más de tres años, incluso con penas superiores es común que al menos durante el proceso, y aun en caso de flagrancia en el delito, el tribunal interviniente opte conceder medidas de libertades condicionadas que benefician al imputado.

En síntesis el pasarse el proceso en libertad depende de la decisión de los jueces, y pareciera que en gran medida la enorme mayoría de estos casos, nuestros jueces optan por la suspensión. Para su defensa también debe sopesarse estas decisiones a la luz de no contar nuestro sistema penitenciario de centros de detención apropiados para menores, en muchos casos los responsables de estos delitos, o incluso para delincuentes mayores pero que no pertenecen todavía al “negocio” de la delincuencia, es decir son principiantes, tanto estos últimos como los delincuentes menores de edad si son remitidos al sistema penal terminan haciendo un curso de postgrado delincuencial muchas veces consiguiendo el resultado inverso al que estamos buscando.

Este círculo poco virtuoso es que se va generando en la sociedad y en estos grupos de delincuentes la sensación de que “no pasa nada” si cometes este tipo de hechos, abonando la teoría de que los tribunales tienen puertas giratorias, entran por un lado, salen por el otro y nada pasa.

Es verdad que los políticos y los jurista somos muchas veces muy pretenciosos con las modificaciones legislativas y lo que pueden lograr, pero también lo es que necesitamos con urgencia una reforma legal e implementar su ejecución para llenar este vacío al que nadie parece estar dando mayor importancia, pero cuyas consecuencias sufrimos todos los días, toda coincidencia con la “sensación de inseguridad es mera casualidad”.

No estamos proponiendo la sanción de normas por una mera corriente reformista, que se entienda estamos en contra de la “inflación de leyes”, la sanción de leyes en forma indiscriminada, una sobre otra como parches de nuestro Código Penal que se viene sucediendo, adherimos al criterio “de pocas leyes buenas leyes”, PERO A CUMPLIRLAS.

Si queremos atacar esta delincuencia inicial, madre y padre de la delincuencia mayor es imperiosa la construcción de centros de detención especiales para este tipo de delitos y este tipo de delincuente generalmente primario y en la mayoría de los casos menores de edad, no subirse al caballo de pedidos de modificaciones legales que suban las penas para los delitos menores a fin de asegurar que tengan prisiones efectivas.

Tal vez a la excelente propuesta del intendente de Tigre Sergio Massa en relación a la creación de policías Municipales se le pueda adicionar centros de detención municipales o regionales dotados de buenos programas de reinserción, para este tipo de delincuentes.

Necesitamos un sistema con lógica de prevención y represión del delito, no pueden los extremos ser la libertad de delincuentes para que reiteren los hechos, o su remisión a penales en los cuales el tratamiento inhumano solo genera mayor calificación en el delito y violencia.

Debemos implementar un sistema que no permita que los delincuentes primerizos continúen haciendo carrera en el crimen, debe otorgarse primero la protección adecuada a la ciudadanía en defensa de los derechos humanos del vecino común que pareciere se han olvidado, y en un justo equilibrio, cumplida que sean las penas, reinsertar estos jóvenes al sistema productivo solo de esta forma lograremos revertir un proceso hoy ascendente. Los efectos configurativos de la norma penal sobre la prevención de la población en general son sumamente limitados, pero la configuración del sistema penal sobre las personas que caen en sus redes es generadora de patrones de conductas etarios a futuro y consecuentemente efectiva.

Nos debemos un sistema legal que procure disminuir los conflictos humanos en lugar de aumentarlos.

Por Gonzalo Fuentes y Arballo

¿QUÉ ES ACEP?

La Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) es una entidad creada a principios del año 1999 en Argentina con el fin de promover los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y el respeto por los valores democráticos consagrados en la misma. Para ACEP es de especial interés el abordaje, desde una óptica humanista y cristiana, de las problemáticas del empleo, la salud, la educación, los jóvenes y la mujer.


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