Es el título del documento elaborado por el recientemente electo Diputado Nacional por Santa Fe, Carlos Carranza, a través del cual denuncia la postura de los legisladores socialistas durante al tratamiento de la controvertida Ley de Medios.
Carlos Carranza, ex Ministro de Gobierno santafesino, es el actual Jefe de Gabinete de Asesores del Senador Carlos Reutemann.
Una vez mas los representantes del Partido Socialista en el parlamento nacional han claudicado sus proclamas libertarias, universales y pluralistas, solo que esta vez para sorpresa, cambiaron sus votos a ultima hora ya que muchos de sus dirigentes se manifestaron anticipadamente contrarios a la norma que, en definitiva, y por sus votos, mas los representantes del Gobernador Das Neves y parte de la progresía argentina, ayudaron a sancionar a media luz la nueva ley de radiodifusión el ultimo jueves por la madrugada. Algo inentendible sino fuera por el cierre de un discurso de una de sus legisladoras quien sostuvo que si era bueno para los argentinos, era bueno para el socialismo¢í€í¦”, como si estuviera en el Parlamento Europeo o en una reunión de la IS. Allí comenzamos a darnos cuenta de que no tenían argumentos serios para su mutación y que los intereses de su partido están por encima de los intereses de la república. Como santafesino expreso mi total desilusión y desacuerdo con esta postura ya que creo que ni los argentinos, ni los socialistas deberían estar en contra de la libertad de expresión, ni del acceso a la información, ni a favor de la censura, solo algunos pueden estar confundidos, pero no todos. Pero lo suficiente para confirmar aquel anuncio de Néstor Kirchner el 29/6 cuando en Santa Fe perdieron la elección nacional por apenas un punto y medio.
Más allá del cuestionado procedimiento parlamentario que cercenó el debate y rebeló a la oposición obligando a su retiro del recinto (firma del dictamen mientras se debatía en comisión, no respeto por los 7 días hábiles de exhibición y publicación, y una sesión especial que había fracasado después del tiempo reglamentario); nos encontramos con insalvables cuestiones constitucionales que son previas y que deberán ser observadas en la Cámara alta antes de su tratamiento. En efecto, en el art. 14 y 32 de la CN se menciona la prohibición de toda forma de censura y de legislar restringiendo la libertad de (imprenta) expresión y, además de regular sobre su amplio espectro radioeléctrico, se agrega la prohibición de establecer la llamada jurisdicción federal”; es decir no puede el Congreso reglar el tema de la radiodifusión ya que las provincias al momento del dictado de la Constitución en 1853, no solo que no delegaron a la Nación, sino que expresamente se reservaron la facultad de administrar o regular el espacio en Argentina. Esa enmienda se incorpora con el ingreso de Buenos Aires en 1860, y el texto de la ley en tratamiento establece expresamente la jurisdicción federal en su articulo 7º segundo párrafo in fine. La ley 22285 también lo hizo precisamente porque es una ley del proceso dictatorial que se plasmó en un decreto del gobierno de facto. Entonces el Poder Legislativo solo puede derogarla o sancionar una ley convenio con acuerdo de todos los estados provinciales, única forma de salvar la manda constitucional y de respetar el sistema republicano y federal.
Si a ello agregamos, que por el art. 75 inc. 19º) de la CN que procura el crecimiento armónico de la Nación y promueve el equilibrio sobre el desigual desarrollo de las provincias y regiones“; y al establecerse regímenes diferenciados respecto de las promociones en el pago de los gravámenes por las licencias otorgadas (Art. 89 del proyecto y 98 de la media sanción), estamos ante otro mandato constitucional que nos impone que la cámara de inicio o de origen sea la de Senadores no la de Diputados; luego es una cuestión insalvable porque no se ha observado el correcto procedimiento constitucional. Por ello, es necesario en este tiempo arbitrar los mecanismos procedimentales y administrativos necesarios para que el tratamiento en la Cámara alta (órgano federal por excelencia) no sea invalidado por un vicio de origen que ya trae la cuestionada media sanción. La norma enviada por el PE en el mensaje de elevación y en su art. 144 (hoy 153) remite a este mismo artículo (75 inc.19º CN) cuando refiere a la Promoción Federal”; es decir la viola contradictoriamente en el mismo texto y en lo aprobado por Diputados; que además ha sido objetado por no coincidir lo aprobado en sesión, con lo leído y publicado en la comunicación a la otra Cámara, que al parecer incluso otorga mas facultades discrecionales al P.E.. De ser ello así estamos ante un hecho mas grave aún, que una simple cuestión procedimental, ya que entramos decididamente en una falsedad ideológica de instrumentos públicos.
Este apuro oficialista desnuda la verdadera intención del gobierno y que apunta a debilitar la libertad de prensa mediante la regulación de los contenidos y mediante la entrega de las nuevas concesiones o licencias a los amigos del régimen, cuando dentro de un año deban adecuar sus condiciones a la nueva norma; solo que además lo hace sin respetar las formas y exigencias constitucionales, y sin respetar a todo el arco opositor en el tratamiento parlamentario. Viola el fondo constitucional, las formas legales y se aparta del propio reglamento interno de la Cámara de Diputados, y ello pone en dudas un principio hermenéutico esencial que es la voluntad del legislador, tan importante en el análisis de las fuentes legislativas.
El país esta dividido y la gente comienza a percibir muestras de intolerancia y arbitrariedad en el gobierno, y también la lamentable claudicación de varios gobernadores, entre otros el santafesino Binner, que sin dudas ha instruido a sus legisladores para que voten a favor de esta ley. Nos llena de preocupación toda vez que estábamos todos esperanzados de ellos en cuanto al respeto por el federalismo, por las autonomías estratégicas y por la defensa de los intereses de nuestra provincia de Santa Fe, de los medios de comunicación localizados en ella, por nuestros derechos de difundir e informar a la población y de nuestro propio espacio territorial que está siendo vulnerado.
La nueva propuesta so pretexto de mejorar una norma del gobierno militar, adolece de similares defectos ya que, pretenden sacarla sin consensos y sin reglas de juego, igual que la ley de 1980. Solo proponen cambiar una norma de la dictadura” por otra de la prepotencia” de una minoría conforme el resultado del 28 de junio ppdo. El fascismo es no respetar al otro, no es de izquierda ni de derecha, es patrimonio de quienes sostienen la idea del pensamiento único y de la descalificación permanente de quienes no piensan como ellos, por ese solo hecho. Se están avasallando los instrumentos de la convivencia democrática y a un alto costo, en lo que a la calidad institucional se refiere. Luego del llamado al dialogo político, donde bien podría haberse arribado a los acuerdos necesarios para un pacto fundacional entre estos temas trascendentes como la radiodifusión, la coparticipación, la seguridad, el Consejo de la Magistratura, etc¢í€í¦, y que se utilizó solo para ganar tiempo; el gobierno rompe los códigos y avanza unilateralmente hacia un destino incierto. Las políticas de largo plazo deben acordarse con la oposición, con las provincias y con los actores principales del quehacer nacional, precisamente para que permanezcan en el tiempo; sin dudas esto nos obliga a rever luego del 10 de diciembre todo lo actuado en esta desatinada transición legislativa impregnada de venganza y con objetivos decisionistas que solo buscan mantener o acrecentar el poder, pero que afecta gravemente la credibilidad y confianza en las instituciones.
Se ha degradado el sistema federal, toda ley de radiodifusión es una política de estado, que debe acordarse con los Partidos Políticos, con los gobernadores y los protagonistas mas importantes de la sociedad civil; por ello para respetar el texto constitucional, la norma en tratamiento debería ser ratificada por todas las provincias argentinas a través de sus legislaturas, ya que el espacio de la radiodifusión y de los servicios audiovisuales es FEDERAL y, ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso de la Nación, por si solos, pueden legislar en la materia; de lo contrario estarían avanzando sobre las libertades publicas, las garantías individuales y los derechos constitucionales de todos y cada uno de los argentinos y, mas aún sobre la forma republicana de gobierno.
